Inclusión de grupos vulnerables
Como un derecho humano intrínseco para todos, la comunidad internacional reconoce la necesidad de diseñar y aplicar sistemas de protección social de conformidad con el principio de inclusión social, que subyace a la necesidad particular de incluir a las personas en la economía informal (Recomendación núm. 202, párrafo 3e). Por lo tanto, los sistemas de entrega deberían estar particularmente a tono con los desafíos y obstáculos que enfrentan los grupos vulnerables y desfavorecidos y tomar medidas especiales para protegerlos. De hecho, un enfoque de la protección social basado en los derechos humanos requiere que los Estados presten especial atención a las personas que pertenecen a los grupos más desfavorecidos y marginados de la sociedad. Esto implica garantizar un trato no discriminatorio y adoptar medidas proactivas que permitan a los que sufren una discriminación estructural (por ejemplo, las minorías étnicas o los pueblos indígenas) disfrutar de sus derechos. La acción afirmativa y otras medidas proactivas deben apuntar a disminuir o eliminar las condiciones que generan o perpetúan la discriminación y a contrarrestar los estigmas y los prejuicios. La Observación general 20 del CDESC recomienda el uso de una variedad de leyes, políticas y programas, incluidas medidas especiales para combatir la discriminación. Las medidas que adopten los Estados deberían prestar atención a los problemas específicos de derechos humanos que surgen en relación, por ejemplo, con el género, la edad, la discapacidad, la migración y el desplazamiento. De particular relevancia en este contexto son las obligaciones impuestas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
El CEDAW (artículos 7, 10, 11, 12, 13 y 16) exige a los Estados partes no solo que garanticen que las mujeres disfruten de su derecho a la seguridad social en condiciones de igualdad con los hombres, sino también que adopten medidas especiales apropiadas para proporcionar a las mujeres igualdad de oportunidades en la vida pública, la educación, el empleo, la atención médica, la vida económica y social y el matrimonio y las relaciones familiares. Para corregir las desventajas asociadas con el género, tanto los programas de protección social contributivos como los no contributivos deben ser sensibles al género. Esto significa programas contributivos que toman en cuenta los factores que impiden que las mujeres hagan contribuciones iguales, como la participación intermitente en la fuerza de trabajo debido a responsabilidades de cuidado y resultados salariales desiguales. Mientras tanto, la Observación general 19 del CESCR señala que los programas no contributivos deberían considerar que las mujeres tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres y, a menudo, tienen la responsabilidad exclusiva del cuidado de los niños. En cualquier caso, los Estados tienen la obligación de tener en cuenta toda la gama de derechos de la mujer. La CEDAW señala que los Estados deben tomar medidas apropiadas para modificar los patrones sociales que otorgan un estatus diferencial a hombres y mujeres (Artículo 5) y también asegurar la igualdad de las mujeres en las áreas rurales (Artículo 14). (Ver perspectiva de género)
Desde una perspectiva de derechos humanos, los programas de protección social también deberían ser sensibles a los niños en su diseño, implementación y evaluación. La Convención sobre los Derechos del Niño (el Preámbulo, artículos 2 y 23 en particular) enfatiza que se debe respetar el interés superior de los niños en todo momento y que se deben atender sus necesidades especiales. Un programa de protección social sensible a los niños es aquel que garantiza los derechos del niño y tiene en cuenta todos los factores que pueden colocar a los niños en una posición vulnerable (véase también la publicación conjunta Promoción de la protección social sensible a los niños). Se requiere que los programas tengan en cuenta los riesgos y vulnerabilidades específicos de edad y género en cada etapa de la vida, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de las familias con niños. Deben establecerse disposiciones especiales para los niños que carecen de cuidado parental y para los que están marginados dentro de sus familias debido a su género, discapacidad, etnia, estado de VIH / SIDA u otros indicadores de identidad. Para lograr estos fines, es necesario considerar cuidadosamente las dinámicas intrafamiliares, incluido el equilibrio de poder entre hombres y mujeres. Un programa sensible a los niños también debe incluir las voces y opiniones de niños y jóvenes, y sus cuidadores en los procesos de diseño e implementación.
Las personas con discapacidad enfrentan diversos impedimentos para el disfrute de sus derechos humanos, por lo que los programas de protección social deben emplear la mayor sensibilidad con respecto a sus necesidades. Los programas deben garantizar su cobertura efectiva y el acceso a los beneficios de protección social, los servicios de apoyo, así como a la información relacionada con la tecnología de asistencia y otras instalaciones. Este requisito se establece en la CDPD (Artículo 4). El artículo 3 establece que los programas de protección social deben incorporar los principios principales de la CDPD:
- Respeto por la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;
- No discriminación;
- Participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad;
- Respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y la humanidad;
- Igualdad de oportunidades;
- Accesibilidad; e
- Igualdad entre hombres y mujeres.
La CDPD también hace hincapié en que las necesidades especiales de las mujeres y los niños con discapacidad deben tenerse debidamente en cuenta (artículos 3, 6 y 7).
Otras características, como la etnia, el estado de salud, la orientación sexual o la ubicación geográfica, también pueden impedir el disfrute por parte de algunas personas de su derecho económico, social y cultural, incluido su derecho a la seguridad social. Cada una de estas características debe tenerse en cuenta cuando se diseña e implementa un programa de protección social. La inclusión de aquellos que están en desventaja y marginados es el primer paso, pero no es suficiente. La provisión de servicios sociales de calidad que necesitan los diferentes grupos es igualmente importante. Por ejemplo, construir clínicas de salud materna en áreas rurales no necesariamente cumple con las obligaciones del Estado si los servicios brindados en esas clínicas son peores que en clínicas en otras partes del país o si no cumplen con los estándares establecidos en contextos similares.