Asegurar la participación significativa y efectiva

La participación significativa y efectiva de los titulares de los derechos debe ser un componente clave de cualquier sistema de protección social. Esto es lo que genera confianza y respaldo público detrás de los esquemas y asegura que haya un sentido de propiedad. La participación de los titulares de los derechos es importante durante los procesos de elaboración de políticas de protección social, pero también en lo que respecta a la participación de los interesados pertinentes en la gobernanza de los regímenes de protección social.

El derecho a participar en la vida pública está consagrado en varias normas de derechos humanos, como el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación general 19) ha recomendado que los beneficiarios participen en la administración de los programas de protección social y que el sistema se establezca con arreglo a la legislación nacional. Los convenios y recomendaciones de seguridad social de la OIT también especifican que las estrategias nacionales de seguridad social deben formularse y ejecutarse sobre la base de consultas nacionales mediante un diálogo y participación social efectivos (Recomendación núm. 202, párrafo 13) y para la participación de los interlocutores sociales y otras partes interesadas en la administración de los sistemas de protección social. Especialmente cuando esto no está encomendado a una autoridad pública (Convenio núm. 102, artículo 72, Convenio núm. 168, artículo 29).

Además de ser un derecho inherente, la participación tiene la ventaja adicional de permitir a las autoridades mejorar el diseño y la prestación de los servicios. Para garantizar una participación significativa y efectiva, los canales participativos deben tener en cuenta las asimetrías de poder existentes, los patrones de marginación y las desigualdades de género que existen dentro del hogar y la comunidad. La adopción de medidas específicas para alentar la inclusión y participación de las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, las personas mayores y otros grupos que sufren discriminación estructural a menudo es necesaria para garantizar que las partes interesadas puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, mecanismos tales como cuotas sexuales en canales participativos, cronogramas de consultas que toman en consideración las restricciones de tiempo impuestas a quienes llevan a cabo tareas de cuidado, como el cuidado de niños, pueden facilitar la participación de más mujeres. Demostrar que los insumos y las perspectivas se valoran en los procesos de toma de decisiones, diseño e implementación también puede ser útil para generar incentivos positivos para que los titulares de los derechos participen.

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